Artículo 428 del Código Penal, Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo VI: Del tráfico de influencias

El Código Penal Español establece diversas disposiciones para proteger la integridad de la Administración Pública y prevenir la corrupción. Entre ellas, se encuentra el artículo 428, que se refiere al delito de tráfico de influencias. Este delito, que se encuentra tipificado en el Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo VI, es una de las figuras delictivas más graves en el ámbito de la corrupción. En este artículo, se examinarán las principales características de este delito, así como las consecuencias legales que conlleva su comisión.

¿Cuándo se configura el delito de tráfico de influencias?

¿Cuándo se configura el delito de tráfico de influencias?

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El delito de tráfico de influencias se encuentra regulado en el artículo 428 del Código Penal español, que establece que «el particular que, por sí o por persona interpuesta, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, o le propusiere cualquier tipo de compensación o ventaja injusta para que realice, retarde o deje de realizar un acto propio de su cargo, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses».

Para que se configure este delito, es necesario que se den los siguientes elementos:

1. La existencia de un funcionario público o autoridad: es decir, una persona que ocupa un cargo público y tiene poder para tomar decisiones que afectan a terceros.

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2. La realización, retardo o falta de realización de un acto propio de su cargo: es decir, que el funcionario público o autoridad tenga la capacidad de tomar una decisión que afecte a terceros.

3. La entrega o promesa de una compensación o ventaja injusta: es decir, que se ofrezca al funcionario público o autoridad algo que no le corresponde por su cargo y que tenga como objetivo influir en su decisión.

Es importante destacar que el delito de tráfico de influencias no se configura únicamente cuando se logra la realización del acto influenciado, sino también cuando se intenta influir en la decisión del funcionario público o autoridad.

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En definitiva, el delito de tráfico de influencias es una conducta que busca obtener beneficios injustos a través de la influencia que se tiene sobre un funcionario público o autoridad, y se castiga con penas de prisión y multa.

¿Quién Cómete el delito de tráfico de influencias?

¿Quién comete el delito de tráfico de influencias?

El tráfico de influencias está contemplado como un delito en el Código Penal Español en el artículo 428, Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo VI: Del tráfico de influencias. Este delito se produce cuando una persona utiliza su posición o influencias en la Administración pública para conseguir un beneficio propio o para terceros.

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En este sentido, el delito de tráfico de influencias puede ser cometido por cualquier persona que tenga algún tipo de influencia en la Administración pública, ya sea por su cargo o por su relación con personas que ocupan dichos cargos. Esto incluye a políticos, funcionarios públicos, empresarios, abogados, familiares de políticos o funcionarios, entre otros.

Por tanto, cualquier persona que utilice su influencia para conseguir una ventaja económica o de cualquier otro tipo a costa de la Administración pública, ya sea mediante el ofrecimiento de regalos, favores o cualquier otro tipo de compensación, puede ser acusada de tráfico de influencias.

Es importante destacar que este delito no solo se produce cuando se consigue un beneficio económico, sino también cuando se obtienen otros tipos de ventajas, como la obtención de cargos públicos, permisos o licencias, contratos públicos, entre otros.

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En conclusión, el delito de tráfico de influencias puede ser cometido por cualquier persona que utilice su posición o influencia en la Administración pública para obtener un beneficio propio o para terceros. Por tanto, es importante conocer las leyes y regulaciones que rigen este tipo de conductas para evitar cualquier tipo de implicación en este delito.

¿Cuántos años tienen que pasar para que prescriba un delito?

¿Cuántos años tienen que pasar para que prescriba un delito? Artículo 428 del Código Penal

En España, el plazo de prescripción de un delito varía según la gravedad del mismo y de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. En el caso de los delitos contra la Administración pública, como el tráfico de influencias, el plazo de prescripción está contemplado en el artículo 428 del Código Penal.

¿Qué es el tráfico de influencias?

Antes de hablar sobre la prescripción de este delito, es importante entender en qué consiste el tráfico de influencias. Según el Código Penal, el tráfico de influencias se refiere a la realización de acciones para conseguir que una autoridad o funcionario público realice o deje de realizar un acto en beneficio propio o de un tercero, mediante la utilización de influencias o contactos.

¿Cuántos años tienen que pasar para que prescriba este delito?

El artículo 428 del Código Penal establece que el delito de tráfico de influencias prescribe a los diez años. Es decir, si han pasado diez años desde que se cometió el delito y no se ha iniciado ningún proceso judicial, el delito habrá prescrito y no se podrá perseguir.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen ciertas circunstancias que pueden modificar este plazo de prescripción, como la comisión del delito por parte de un funcionario público, el cual se considera agravante y aumenta el plazo de prescripción a quince años.

Artículo 428 del Código Penal, Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo VI: Del tráfico de influencias

En cualquier caso, es crucial tener en cuenta que la prescripción de un delito no significa que el mismo no haya sido cometido o que el autor del mismo sea inocente. La prescripción solo implica que, por el paso del tiempo, ya no se puede perseguir penalmente el delito y que, por tanto, el autor del mismo no puede ser condenado.

¿Qué significa el tráfico de influencia?

El tráfico de influencias en el Código Penal Español: ¿Qué es y cuáles son sus consecuencias?

El tráfico de influencias es un delito que se encuentra contemplado en el Código Penal Español dentro del Título XIX, que se refiere a los Delitos contra la Administración pública, y más específicamente en el Capítulo VI, que se enfoca en el tráfico de influencias.

Este delito se define como la utilización de influencias o contactos con autoridades públicas con el fin de obtener un beneficio o ventaja para uno mismo o para terceros. En otras palabras, se trata de un acto de corrupción en el que se utiliza la posición o el poder de alguien para obtener algún tipo de beneficio ilegal.

El artículo 428 del Código Penal establece que el tráfico de influencias puede ser cometido por cualquier persona, tanto por funcionarios públicos como por particulares. Además, se considera que este delito se ha cometido cuando se utiliza la influencia para conseguir un trato favorable en cualquier tipo de procedimiento administrativo, judicial o económico.

Las consecuencias del tráfico de influencias son muy graves, ya que se trata de un delito castigado con penas de prisión y multas económicas. En concreto, el Código Penal establece penas de prisión de entre seis meses y cuatro años, así como multas económicas que pueden llegar a los 24 meses.

Además, el tráfico de influencias también puede tener consecuencias negativas en la reputación y el prestigio de la persona implicada, tanto en el ámbito social como en el laboral. Por todo ello, es importante que todos los ciudadanos tengan en cuenta que el tráfico de influencias es un delito grave que debe ser denunciado y castigado adecuadamente.

Tráfico de influencias ejemplos

El tráfico de influencias en el Código Penal Español: ejemplos y explicación

El tráfico de influencias es considerado uno de los delitos más graves contra la Administración pública en España. El artículo 428 del Código Penal, dentro del Título XIX, se encarga de regularlo y castigarlo. En este artículo, se establece que el tráfico de influencias se produce cuando una persona influye en una autoridad o funcionario público para obtener un beneficio propio o de terceros.

Pero, ¿qué se considera como tráfico de influencias en la práctica? A continuación, se presentan algunos ejemplos concretos para entender mejor este delito:

– Un empresario que ofrece regalos o favores a un funcionario público a cambio de un contrato o una licitación.
– Un político que utiliza su posición para presionar a un juez o fiscal en un caso en el que está implicado él mismo o alguien cercano a él.
– Un abogado que usa su influencia en el colegio profesional para conseguir que se le asigne un caso concreto, sin seguir los procedimientos habituales.
– Un particular que pide a un amigo que trabaja en una entidad pública que le ayude a tramitar un expediente de forma más rápida o favorable que a otros ciudadanos.

En todos estos casos, se está intentando obtener un beneficio propio o ajeno de forma ilícita, aprovechando la posición o influencia que se tiene sobre alguien que ocupa un cargo público. El tráfico de influencias no solo es un delito en sí mismo, sino que también puede estar relacionado con otros delitos como el cohecho, la prevaricación o el fraude.

Las penas por tráfico de influencias pueden variar según las circunstancias y la gravedad del delito. En general, se establece una pena de prisión de seis meses a cuatro años y una multa de seis a veinticuatro meses. También pueden imponerse medidas como la inhabilitación para cargos públicos o la suspensión temporal de actividades profesionales.

En definitiva, el tráfico de influencias es un delito que afecta gravemente a la integridad y transparencia de la Administración pública, por lo que su persecución y castigo es fundamental para garantizar la justicia y el buen funcionamiento de las instituciones.

En definitiva, el artículo 428 del Código Penal español se encarga de sancionar a aquellos individuos que realicen actos de tráfico de influencias, es decir, aquellos que aprovechen su posición de poder para conseguir beneficios para sí mismos o para terceros. Es imprescindible que seamos conscientes de la importancia de la ética y la transparencia en la toma de decisiones en la Administración pública. Un ejemplo reciente de aplicación de este artículo fue el caso de la conocida como ‘Operación Lezo’, donde se investigó a una red de corrupción en la Comunidad de Madrid que presuntamente utilizaba el tráfico de influencias para obtener contratos públicos. Desde nuestra web experta en derecho español, esperamos que esta información haya sido de utilidad para nuestros lectores y seguiremos trabajando para ofrecerles contenido de calidad y actualizado sobre la legislación en nuestro país.

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