Artículo 427 (Bis) del Código Penal, Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo V: Del cohecho

El Código Penal Español establece una serie de normas y regulaciones que tienen por objeto proteger la integridad y el correcto funcionamiento de la Administración pública. En este sentido, el artículo 427 (Bis) del Título XIX del Código Penal, que se enfoca en los delitos contra la Administración pública, es una de las disposiciones más relevantes en la materia. En particular, este artículo se centra en el delito de cohecho, que consiste en ofrecer o aceptar sobornos para obtener algún tipo de beneficio o ventaja en el ámbito de la Administración pública. En este artículo se explorará en detalle las implicaciones y consecuencias del artículo 427 (Bis) del Código Penal, y se analizará su importancia para garantizar la transparencia y la eficacia en el ejercicio de los poderes públicos en España.

¿Cuál es la diferencia entre cohecho propio y cohecho impropio?

La diferencia entre cohecho propio y cohecho impropio

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El cohecho es un delito contra la Administración pública que consiste en ofrecer, prometer o conceder a un funcionario público una dádiva, regalo o cualquier otra ventaja para que éste realice u omita un acto en el ejercicio de sus funciones.

En el Código Penal Español, el cohecho se divide en dos tipos: el cohecho propio y el cohecho impropio. A continuación, veremos cuál es la diferencia entre ambos.

Cohecho propio

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El cohecho propio se produce cuando el funcionario público acepta la dádiva, regalo o ventaja que se le ofrece a cambio de realizar u omitir un acto en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el funcionario recibe directamente la recompensa a cambio de su actuación.

El cohecho propio está tipificado en el artículo 419 del Código Penal y se considera un delito muy grave, castigado con penas de prisión de seis a doce años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez a veinte años.

Cohecho impropio

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Por otro lado, el cohecho impropio se produce cuando el funcionario público no acepta directamente la dádiva, regalo o ventaja, sino que ésta se entrega a una persona cercana a él con el fin de que ésta influya en su actuación. Es decir, el funcionario no recibe directamente la recompensa, pero se beneficia de ella a través de una tercera persona.

El cohecho impropio está tipificado en el artículo 426 del Código Penal y se considera un delito grave, castigado con penas de prisión de tres a seis años, multa del tanto al doble del valor de la dádiva y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de seis a diez años.

En resumen, la principal diferencia entre cohecho propio y cohecho impropio radica en quién recibe la dádiva, regalo o ventaja. En el cohecho propio, el funcionario público es quien recibe directamente la recompensa, mientras que en el cohecho impropio, la recompensa se entrega a una tercera persona cercana al funcionario. Ambos tipos de cohecho son considerados delitos graves y están castigados con penas de prisión, multas y la inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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¿Cuál es la pena por el delito de cohecho?

¿Cuál es la pena por el delito de cohecho en España?

El cohecho es un delito que se comete cuando una persona ofrece o acepta una dádiva o cualquier otra ventaja o promesa para influir en un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 427 (Bis) del Código Penal español.

La pena por el delito de cohecho varía en función de la gravedad del hecho y de la cantidad de dinero o beneficios obtenidos. En general, las penas oscilan desde una multa hasta varios años de prisión.

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Si el cohecho es cometido por un funcionario público, la pena se agrava y puede incluir la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa económica. Además, en caso de que el delito sea cometido por una persona que actúa en nombre de una empresa, la compañía puede ser sancionada con una multa económica y la prohibición de participar en contratos con la Administración pública.

En conclusión, el delito de cohecho es considerado un delito contra la Administración pública en España y las consecuencias legales pueden ser graves. Si te encuentras en una situación en la que se te haya acusado de cohecho o si necesitas asesoramiento legal en materia penal, es importante que busques la ayuda de un abogado especializado en derecho penal en España.

¿Qué es delito de cohecho y concusión?

El delito de cohecho y concusión: una explicación detallada

El cohecho y la concusión son delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal Español, en su Título XIX, que aborda los delitos contra la Administración pública. En el Capítulo V, se establecen las conductas que constituyen el delito de cohecho.

¿Qué es el delito de cohecho?

El cohecho se define como aquel acto de corrupción en el que un funcionario público, es decir, una persona que ostenta un cargo en la Administración pública, recibe o acepta un beneficio económico o de otra índole a cambio de realizar o dejar de realizar una acción relacionada con su cargo.

Este delito puede ser cometido tanto por el funcionario que recibe el beneficio como por la persona que lo ofrece. Es decir, tanto el que da como el que recibe el soborno pueden ser sancionados por la justicia.

¿Qué es el delito de concusión?

La concusión es un delito similar al cohecho, pero se diferencia en que el funcionario público no recibe un beneficio a cambio de realizar o dejar de realizar una acción, sino que lo hace mediante la extorsión o el cobro de una cantidad de dinero o bienes a la persona interesada.

Artículo 427 (Bis) del Código Penal, Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo V: Del cohecho

En este caso, el funcionario utiliza su cargo para obtener un beneficio económico, lo que se considera un abuso de su autoridad y de su posición en la Administración pública.

¿Cuáles son las penas por cohecho y concusión?

Tanto el cohecho como la concusión son delitos graves que pueden ser castigados con penas de prisión, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La pena por cohecho puede ser de prisión de uno a seis años, multa del tanto al triplo del valor del beneficio obtenido y la pérdida definitiva de la condición de funcionario público.

Por su parte, la pena por concusión puede ser de prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al triplo del valor de lo obtenido y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

En resumen, el cohecho y la concusión son delitos graves que atentan contra la integridad de la Administración pública y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Por ello, es importante que se tomen medidas para prevenir y castigar estas conductas corruptas.

¿Qué es el delito de cohecho propio?

¿Qué es el delito de cohecho propio en España?

El delito de cohecho propio está regulado en el artículo 427 bis del Código Penal español y se refiere a la conducta de aquellos funcionarios públicos que solicitan o reciben dádivas o regalos a cambio de realizar o dejar de realizar un acto propio de su cargo.

Este delito se considera una grave vulneración de la ética y la integridad en la función pública, ya que el funcionario que se deja influir por intereses privados está traicionando la confianza depositada en él por la sociedad y pone en peligro el correcto funcionamiento de la Administración pública.

¿Qué se entiende por cohecho propio?

El cohecho propio se produce cuando el funcionario público solicita o recibe, directa o indirectamente, cualquier tipo de beneficio económico o de otra índole a cambio de realizar o dejar de realizar un acto propio de su cargo.

El beneficio recibido puede ser material o inmaterial, como regalos, viajes, favores, ascensos o cualquier otra ventaja que tenga por objeto influir en la actuación del funcionario.

¿Cuál es la pena por cohecho propio?

El delito de cohecho propio está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

Además, el funcionario público que comete este delito también puede ser condenado a la pérdida de su cargo y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período máximo de quince años.

En resumen, el cohecho propio es un delito grave que atenta contra la integridad y la ética en la función pública. Los funcionarios públicos que se dejan influir por intereses privados ponen en peligro el correcto funcionamiento de la Administración pública y deben ser sancionados con todo el rigor de la ley.

Código penal

El Código Penal en España: Artículo 427 (Bis) – Delitos contra la Administración pública

El Código Penal en España es un conjunto de normas que establecen los delitos y las penas correspondientes en el país. Uno de los delitos más graves que se contempla en el Código Penal es el cohecho, que se encuentra en el Título XIX: Delitos contra la Administración pública, Capítulo V: Del cohecho.

El cohecho es un delito que se produce cuando una persona ofrece o acepta dinero u otros favores para obtener un beneficio en la Administración pública. El Artículo 427 (Bis) del Código Penal establece que aquellos que cometan este delito pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta seis años y multas económicas.

En el caso de los funcionarios públicos, el cohecho puede ser aún más grave, ya que se espera que estos individuos protejan los intereses públicos y no acepten sobornos o influencias indebidas. Además, el cohecho puede tener un impacto negativo en la sociedad al permitir la corrupción y el abuso de poder.

Es importante tener en cuenta que el cohecho no solo se aplica a la entrega de dinero o bienes materiales, sino también a la entrega de servicios o beneficios no económicos. Por ejemplo, si un funcionario público acepta una oferta para recibir un viaje gratuito a cambio de un favor, también podría ser condenado por cohecho.

En conclusión, el Código Penal en España establece duras penas para aquellos que cometan el delito de cohecho en la Administración pública. Es esencial que los funcionarios públicos y los ciudadanos en general estén al tanto de las consecuencias legales de este tipo de conducta y se aseguren de no participar en acciones que puedan ser consideradas como cohecho.

En conclusión, el Artículo 427 (Bis) del Código Penal es una disposición fundamental en la lucha contra la corrupción y el cohecho en España. La aplicación de esta ley ha permitido sancionar a aquellos que intentan obtener ventajas indebidas a cambio de favores, lo que contribuye a promover la transparencia y la integridad en la administración pública. Un ejemplo de la aplicación de este artículo es el caso de la Operación Púnica, en el que se desarticuló una trama de corrupción política y empresarial que operaba en varias regiones del país. En definitiva, el Artículo 427 (Bis) del Código Penal es una herramienta clave en la lucha contra la corrupción en España.

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