Artículo 79 del Código Penal, Título III: De las penas, Capitulo II: De la aplicación de las penas. Sección II: Reglas especiales para la aplicación de las penas

El Código Penal Español es una de las leyes más importantes y fundamentales del sistema jurídico español. En su Título III, «De las penas», se establecen las diversas sanciones que pueden ser impuestas a aquellos que han cometido un delito. En este contexto, el Artículo 79 del Código Penal se destaca como una importante regla especial para la aplicación de las penas. Esta sección del código establece una serie de pautas y criterios que deben seguirse al momento de imponer una condena, con el objetivo de garantizar la justicia y equidad en el proceso penal. En este artículo, analizaremos en detalle los aspectos más relevantes del Artículo 79 del Código Penal y su impacto en la aplicación de las penas en España.

¿Cómo saber si un delito es grave menos grave o leve?

El Código Penal Español establece en su Artículo 79 las reglas especiales para la aplicación de las penas en función de la gravedad del delito cometido. Para determinar si un delito es grave, menos grave o leve, se deben tener en cuenta diversos factores.

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En primer lugar, la gravedad del delito viene determinada por el tipo de pena que se puede imponer. Así, los delitos graves son aquellos que pueden ser castigados con penas de prisión superiores a cinco años, mientras que los delitos menos graves son los que pueden ser castigados con penas de prisión de hasta cinco años, y los delitos leves son aquellos que pueden ser castigados con penas de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, también se debe tener en cuenta la naturaleza del delito, es decir, si se trata de un delito contra las personas, contra el patrimonio, contra la salud pública, etc. También se valorará la gravedad de las consecuencias del delito, como por ejemplo si ha habido lesiones o muertes.

Otro factor a tener en cuenta es la conducta del autor del delito, valorando si ha actuado con premeditación, alevosía, etc. También se valorará si ha colaborado con la justicia o si ha mostrado arrepentimiento.

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En definitiva, para determinar si un delito es grave, menos grave o leve, se deben tener en cuenta diversos factores, y la decisión final dependerá de la valoración que haga el juez en cada caso concreto.

¿Cómo se calcula la pena inferior en grado?

El artículo 79 del Código Penal español establece las reglas especiales para la aplicación de las penas. En su capítulo II, sección II, se contempla la pena inferior en grado, que es una de las formas en que se puede atenuar la pena que corresponde por un delito.

La pena inferior en grado consiste en imponer una pena que sea inferior a la que correspondería por el delito cometido. Para ello, se debe tener en cuenta que la pena inferior en grado no puede ser superior a la mitad de la pena que correspondería por el delito, salvo que la ley establezca lo contrario.

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Para calcular la pena inferior en grado, se debe aplicar la siguiente fórmula: se toma la pena que correspondería por el delito, se divide entre dos y se resta una unidad. El resultado obtenido será la pena inferior en grado que se puede imponer.

Por ejemplo, si el delito cometido tiene una pena de prisión de 4 a 6 años, se puede aplicar la pena inferior en grado para atenuar la pena. En este caso, se divide la pena entre dos y se resta una unidad:

(4 + 6) / 2 – 1 = 3 años de prisión

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Por tanto, en este caso se podría imponer una pena de prisión de 3 años, que es inferior en grado a la pena que correspondería por el delito.

Es importante señalar que la pena inferior en grado no es una obligación para el juez o tribunal que dicta la sentencia, sino que es una facultad que tiene para atenuar la pena en función de las circunstancias del caso concreto. Además, esta pena no se puede aplicar en aquellos delitos en los que la ley establezca una pena mínima obligatoria.

En resumen, el cálculo de la pena inferior en grado se realiza dividiendo la pena que correspondería por el delito entre dos y restando una unidad. Esta es una forma de atenuar la pena que puede ser aplicada por el juez o tribunal en función de las circunstancias del caso.

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¿Cuándo se considera que hay reincidencia?

El Código Penal Español establece en el Artículo 79 las reglas especiales para la aplicación de las penas en casos de reincidencia. La reincidencia se considera cuando una persona comete un delito después de haber sido condenada por otro delito anteriormente.

Para que se considere que hay reincidencia, es necesario que haya una sentencia firme y que hayan transcurrido menos de cinco años desde la finalización de la condena anterior. Además, la reincidencia se aplica solo a los delitos que sean de la misma naturaleza o que estén estrechamente relacionados.

En caso de reincidencia, las penas se aplicarán en su grado máximo. Esto significa que, si en la primera condena se impuso una pena de prisión de 1 a 3 años, en caso de reincidencia la pena se impondrá en su grado máximo, es decir, de 3 a 5 años.

Además, en caso de reincidencia en delitos graves, como los delitos contra la libertad sexual, la pena se impondrá en su grado máximo, incluso si la primera condena ya fue en su grado máximo.

Cabe destacar que la reincidencia no se aplica en caso de delitos leves o infracciones administrativas, y que la figura de la reincidencia solo se considera para las personas físicas, no para personas jurídicas.

En resumen, la reincidencia se considera cuando una persona comete un delito después de haber sido condenada por otro delito anteriormente, y las penas se aplicarán en su grado máximo. Es importante tener en cuenta que la reincidencia solo se aplica en casos específicos y que la figura de la reincidencia no se considera para personas jurídicas.

¿Qué duración tiene la pena de inhabilitación absoluta?

El artículo 79 del Código Penal español establece las reglas especiales para la aplicación de las penas y en concreto, en su Sección II, se hace referencia a la duración de la pena de inhabilitación absoluta.

La pena de inhabilitación absoluta es una de las penas más graves que se pueden imponer en el marco del derecho penal español. Esta pena implica la privación de todos los honores, cargos y empleos públicos, así como la imposibilidad de obtenerlos en el futuro.

La duración de la pena de inhabilitación absoluta varía en función de la gravedad del delito cometido y puede oscilar entre los 15 y los 20 años. En casos extremos, como en el caso de delitos de terrorismo, la pena puede ser superior a los 20 años e incluso, en casos muy extraordinarios, puede ser de carácter indefinido.

Es importante destacar que la pena de inhabilitación absoluta se aplica de manera independiente a la pena de prisión, es decir, una persona puede ser condenada tanto a prisión como a inhabilitación absoluta, y ambas penas se cumplirán de manera consecutiva.

Es importante tener en cuenta que, en el caso de los delitos cometidos por personas jurídicas, la pena de inhabilitación absoluta se aplica a la propia entidad y no a las personas físicas que la integran. En estos casos, la pena de inhabilitación puede oscilar entre los 5 y los 15 años.

En cualquier caso, la duración de la pena de inhabilitación absoluta debe ser fijada por el juez o tribunal que dicta la sentencia, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido y las circunstancias del caso concreto. Además, la pena de inhabilitación absoluta puede ser revisada y, en su caso, reducida o extinguida por el juez o tribunal competente.

Código penal

El Código Penal en España recoge en su Título III las penas que pueden imponerse a los delitos cometidos en el país. En el Capítulo II de este Título se establecen las reglas especiales para la aplicación de las penas, y es en la Sección II donde se encuentra el Artículo 79 del Código Penal.

El Artículo 79 establece que en la aplicación de las penas, se deben tener en cuenta las circunstancias personales del condenado, como su edad, su situación familiar, sus antecedentes penales, su grado de culpabilidad, entre otros factores. De esta forma, se busca que la pena sea proporcional al delito cometido y a las circunstancias del autor del mismo.

Además, el Artículo 79 establece que en la imposición de la pena se debe atender a la finalidad de la misma, que es la reeducación y reinserción social del condenado. Por tanto, se busca que la pena tenga un carácter resocializador y no solo punitivo.

Otra cuestión que se contempla en el Artículo 79 es la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por otra medida de carácter alternativo, como puede ser la multa, trabajos en beneficio de la comunidad o la suspensión de la pena.

En definitiva, el Artículo 79 del Código Penal establece una serie de reglas especiales para la aplicación de las penas en España, que buscan garantizar que las mismas sean proporcionales al delito cometido y a las circunstancias personales del condenado, y que tengan un carácter resocializador.

En conclusión, el Artículo 79 del Código Penal de España establece reglas especiales para la aplicación de las penas, con el objetivo de garantizar una justicia más equitativa y proporcional. Es fundamental conocer y entender estas normativas, ya que pueden tener un impacto significativo en los casos judiciales. Un ejemplo de aplicación de este artículo es el caso de un delincuente que recibe una condena a prisión y se encuentra en una situación de enfermedad grave, lo que podría llevar a una reducción de la pena o incluso a una suspensión condicional de la misma. En definitiva, es crucial contar con el asesoramiento de un abogado experto en derecho penal para entender cómo se aplican estas normas y garantizar una justicia justa y equitativa en cada caso.