Artículo 432 (Bis) del Código Penal, Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo VII: De la malversación

El Código Penal Español establece una serie de normas y disposiciones destinadas a regular el comportamiento de los ciudadanos en su relación con la Administración pública. Uno de los delitos más graves contemplados por la ley es la malversación, una figura delictiva que se castiga con penas de prisión y multas económicas. En este sentido, el artículo 432 (Bis) del Código Penal, que regula el delito de malversación, se convierte en un elemento fundamental para garantizar la transparencia y la integridad en las instituciones públicas. A continuación, analizaremos en profundidad este precepto y sus implicaciones para la sociedad española.

¿Qué dice el artículo 432?

Artículo 432 (Bis) del Código Penal: ¿Qué dice?

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El artículo 432 (Bis) del Código Penal es una norma que se enmarca dentro del Título XIX, referido a los Delitos contra la Administración pública. En concreto, pertenece al Capítulo VII, que se ocupa de la malversación.

La malversación consiste en el uso indebido de fondos o bienes públicos, por parte de un funcionario o empleado público, en beneficio propio o de terceros. El artículo 432 (Bis) establece los elementos necesarios para que se configure este delito y las penas correspondientes.

¿Qué elementos deben concurrir para que se configure la malversación?

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Según el artículo 432 (Bis) del Código Penal, se considera malversación la conducta del funcionario o empleado público que, en el ejercicio de su cargo, realice alguno de los siguientes actos:

– Apropiarse de dinero o bienes públicos.
– Desviar fondos o bienes públicos para fines distintos a los previstos.
– Ocultar el destino real de los fondos o bienes públicos.
– Permitir que terceras personas se beneficien de los fondos o bienes públicos a su cargo.

Para que se configure la malversación, es necesario que se den los siguientes elementos:

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– Que el autor sea un funcionario o empleado público.
– Que el dinero o bienes pertenezcan a la Administración pública.
– Que el autor actúe con dolo, es decir, con intención de cometer el delito.
– Que el autor se beneficie a sí mismo o a terceras personas.

¿Cuáles son las penas por malversación?

El artículo 432 (Bis) establece diferentes penas según la gravedad del delito y el perjuicio causado a la Administración pública. Así, se prevén las siguientes penas:

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– Prisión de tres a seis años y multa de seis a doce meses, si el perjuicio causado es superior a 50.000 euros.
– Prisión de uno a tres años y multa de tres a seis meses, si el perjuicio causado es inferior a 50.000 euros pero superior a 10.000 euros.
– Multa de seis a doce meses, si el perjuicio causado es inferior a 10.000 euros.

En conclusión, el artículo 432 (Bis) del Código Penal establece las condiciones necesarias para que se configure el delito de malversación por parte de un funcionario o empleado público, así como las penas correspondientes. Es importante conocer esta norma para prevenir y castigar los abusos en el uso de los fondos y bienes públicos.

¿Cuándo se considerará que hay delito de malversación?

¿Qué es la malversación según el Código Penal Español?

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La malversación es uno de los delitos contra la Administración pública que se encuentra tipificado en el Código Penal Español. Este delito se encuentra regulado en el artículo 432 bis del Título XIX del Código Penal, y se considerará que una persona ha incurrido en malversación cuando se apropia, distrae, utiliza o enajena bienes o fondos públicos en beneficio propio o de terceros.

¿Cuándo se considerará que hay delito de malversación?

Para que se considere que una persona ha cometido el delito de malversación, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Que la persona que realiza la conducta sea un funcionario público o un gestor de fondos públicos.

2. Que la conducta realizada sea dolosa, es decir, que exista una intención de apropiarse, distraer, utilizar o enajenar los bienes o fondos públicos en beneficio propio o de terceros.

3. Que la conducta cause un perjuicio económico a las arcas públicas o a terceros.

4. Que la conducta se realice en el ámbito de la gestión de los bienes o fondos públicos.

¿Qué sanciones conlleva la malversación?

La malversación es un delito grave que conlleva sanciones penales y administrativas. En el ámbito penal, la persona que incurra en malversación podría enfrentarse a penas de prisión (de 3 a 6 años), multas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos y cargos de gestión de bienes o fondos públicos.

En el ámbito administrativo, la persona que cometa malversación podría ser sancionada con la devolución del dinero o bienes malversados, la pérdida del cargo público o de la habilitación para ejercer cargos públicos y la imposibilidad de contratar con la Administración pública.

En definitiva, la malversación es un delito que puede tener graves consecuencias para la persona que lo comete, por lo que es importante conocer su definición y las sanciones que conlleva.

¿Cuáles son los delitos contra la Administración Pública?

Los delitos contra la Administración Pública en España

El Código Penal Español establece en su Título XIX los delitos contra la Administración Pública.

Artículo 432 (Bis) del Código Penal, Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo VII: De la malversación

En el Capítulo VII se encuentra la malversación, un delito que se castiga con penas de prisión y multa.

¿Qué es la malversación?

La malversación consiste en el uso ilegítimo de bienes públicos por parte de un funcionario o empleado público. Este delito se comete cuando el responsable de una entidad pública desvía fondos o recursos para fines distintos de los establecidos en el presupuesto o en la normativa vigente.

¿Cómo se castiga la malversación?

La malversación se castiga con penas de prisión que oscilan entre los tres y los seis años, además de una multa. También se puede imponer la inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio de cargos públicos.

¿Qué actos se consideran malversación?

Se considera malversación cualquier acto que implique el uso indebido o irregular de fondos o recursos públicos, como la apropiación de dinero o bienes de la entidad pública, la realización de pagos no autorizados, la contratación de servicios o suministros sin cumplir los requisitos legales, y cualquier otra acción que suponga un perjuicio económico para la entidad pública.

¿Qué consecuencias tiene la malversación?

La malversación tiene graves consecuencias para la Administración Pública y para la sociedad en general. Este delito supone una pérdida de recursos y fondos públicos que podrían destinarse a mejorar los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos. Además, la malversación conlleva una falta de transparencia y de ética en la gestión pública, lo que genera un clima de desconfianza y descrédito en las instituciones.

¿Qué es malversación ejemplos?

¿Qué es la malversación de fondos públicos en España?

La malversación es un delito contra la Administración pública que se encuentra contemplado en el Título XIX del Código Penal Español. Este delito se encuentra regulado en el Capítulo VII del mencionado título y tiene como objetivo sancionar a aquellos funcionarios o autoridades que, de manera dolosa o imprudente, desvían o utilizan indebidamente los fondos públicos que les han sido confiados.

El artículo 432 (Bis) del Código Penal, establece que se considera malversación el acto de utilizar, en provecho propio o de terceros, fondos públicos que se hayan confiado a un funcionario público o autoridad, ya sea por razón de su cargo o empleo, o por cualquier otra causa. Además, se considera malversación la utilización de bienes o servicios públicos en beneficio propio o de terceros.

Ejemplos de malversación de fondos públicos

Entre los ejemplos más comunes de malversación de fondos públicos se encuentran:

– El uso de fondos públicos para fines personales o de terceros, como comprar bienes o servicios sin justificación o desviar el dinero hacia cuentas personales.

– La adjudicación de contratos públicos a empresas o particulares cercanos al funcionario o autoridad, sin seguir los procedimientos legales y sin garantizar la transparencia en el proceso de selección.

– La utilización de bienes o servicios públicos para fines personales o de terceros, como el uso de vehículos oficiales para fines privados o la contratación de personal para trabajos particulares.

– La manipulación de la contabilidad pública para ocultar la utilización indebida de fondos públicos, como la alteración de facturas o la creación de empresas ficticias para justificar gastos.

Consecuencias de la malversación de fondos públicos

La malversación de fondos públicos es un delito grave que puede conllevar sanciones penales y administrativas. Las consecuencias de este delito pueden incluir penas de prisión, multas económicas, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la devolución de los fondos desviados.

Además, la malversación de fondos públicos afecta gravemente la confianza en las instituciones públicas y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, lo que puede tener consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto.

En conclusión, la malversación de fondos públicos es un delito grave que debe ser sancionado con firmeza para garantizar la transparencia y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Las autoridades y funcionarios públicos tienen la obligación de actuar con diligencia y transparencia en el uso de los fondos públicos que les han sido confiados, y cualquier desviación o utilización indebida de los mismos debe ser perseguida y sancionada con contundencia.

Código penal

El Código Penal Español y su Artículo 432 (Bis) sobre la malversación

El Código Penal Español es la ley que regula el sistema penal en España y establece los delitos y las penas correspondientes. Uno de los títulos que se incluye en este código es el Título XIX, que se refiere a los delitos contra la Administración pública. En este título, se encuentra el Capítulo VII, que trata sobre la malversación.

El Artículo 432 (Bis) del Código Penal es el que se encarga de regular la malversación de caudales públicos. Este delito se comete cuando una autoridad o funcionario público utiliza de manera indebida los fondos públicos que se le han confiado para su gestión. Esto puede incluir la apropiación de estos fondos para beneficio propio o para el de terceros, o su utilización para fines distintos a los establecidos por la ley.

La malversación es un delito grave, ya que implica el uso indebido de los recursos públicos que se han confiado a una persona para su gestión. Esto puede tener consecuencias negativas para el funcionamiento de las instituciones públicas y para el bienestar de la sociedad en general.

Las penas por malversación varían según la gravedad del delito y la cantidad de dinero involucrada. En general, las penas pueden incluir multas, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, e incluso la prisión.

En resumen, el Artículo 432 (Bis) del Código Penal Español establece las normas para la malversación de caudales públicos. Este delito es grave y puede tener consecuencias negativas para la sociedad. Por lo tanto, es importante que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones de manera ética y responsable, y que se tomen medidas para prevenir y castigar la malversación.

En conclusión, el artículo 432 (Bis) del Código Penal es una herramienta legal importante para combatir la malversación de fondos públicos en España. La ley establece penas duras para aquellos que se aprovechen del dinero del Estado de manera fraudulenta y sin justificación alguna. En la práctica, podemos observar ejemplos de aplicación de este artículo en casos de corrupción política y en el desvío de fondos públicos para intereses personales. Es fundamental que las autoridades sigan trabajando en la prevención y la persecución de este tipo de delitos para proteger los intereses de la sociedad y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

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