Artículo 127 (Ter) del Código Penal, Título VI: De las consecuencias accesorias

El Código Penal español establece en su Título VI las consecuencias accesorias que deben aplicarse en determinados casos de delitos. Entre ellas, destaca el artículo 127 (Ter), que aborda la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Esta medida se aplica en casos de delitos contra la seguridad vial y puede tener una duración de hasta diez años. En el presente artículo, se analizará en profundidad el artículo 127 (Ter) del Código Penal, sus implicaciones y la importancia de su aplicación en la prevención de accidentes de tráfico.

¿Cuándo se aplican las consecuencias accesorias?

El artículo 127 (ter) del Código Penal español establece las denominadas consecuencias accesorias, que son penas complementarias a las principales y que pueden ser impuestas conjuntamente con ellas o de forma independiente. Estas consecuencias tienen como finalidad reparar el daño causado por el delito y prevenir su repetición.

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Entre las consecuencias accesorias que se pueden aplicar en España se encuentran la inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión, oficio, industria o comercio, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y la pérdida de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o custodia de menores.

Asimismo, también pueden imponerse la clausura temporal o definitiva de establecimientos comerciales o industriales, la disolución de sociedades o asociaciones, la intervención judicial de empresas o el decomiso de bienes.

Es importante tener en cuenta que estas consecuencias accesorias se aplican en función de la gravedad del delito cometido y de las circunstancias concretas de cada caso. Además, su aplicación no puede ser desproporcionada ni vulnerar los derechos fundamentales del condenado.

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En cualquier caso, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho penal para conocer en detalle las consecuencias accesorias que pueden aplicarse en cada caso y poder defender adecuadamente los intereses del acusado.

¿Cuáles son las medidas accesorias?

El artículo 127 (Ter) del Código Penal Español establece las medidas accesorias que pueden ser impuestas a los condenados por la comisión de un delito en España. Estas medidas tienen como objetivo complementar la pena principal impuesta por el juez y pueden ser de carácter económico, laboral, social o de cualquier otra naturaleza que se considere necesaria para reforzar la sanción penal.

Entre las medidas accesorias más comunes se encuentran las siguientes:

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– La privación del derecho a conducir vehículos a motor: esta medida puede ser impuesta a aquellos condenados por delitos relacionados con la conducción temeraria, el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, entre otros.

– La inhabilitación para el ejercicio de profesiones relacionadas con el delito cometido: esta medida puede ser impuesta a aquellos condenados por delitos relacionados con la corrupción, el fraude, la estafa o cualquier otro delito que implique el ejercicio de una profesión específica.

– La obligación de realizar trabajos en beneficio de la comunidad: esta medida puede ser impuesta a aquellos condenados por delitos menores y consiste en la realización de trabajos no remunerados en favor de la sociedad durante un período determinado.

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– La obligación de asistir a programas de rehabilitación o tratamiento: esta medida puede ser impuesta a aquellos condenados por delitos relacionados con la drogadicción, el alcoholismo u otras adicciones, y tiene como objetivo ayudar al condenado a superar su problema y evitar la reincidencia.

– La imposición de multas o indemnizaciones: esta medida puede ser impuesta a aquellos condenados por delitos económicos o de otra naturaleza que hayan causado perjuicios a terceros. La multa o indemnización impuesta debe ser proporcional al daño causado y su pago puede ser exigido en forma de cuotas si el condenado no dispone de medios económicos suficientes.

En resumen, las medidas accesorias establecidas en el artículo 127 (Ter) del Código Penal Español tienen como objetivo complementar la pena principal impuesta por el juez y reforzar la sanción penal. Su aplicación depende de la gravedad y naturaleza del delito cometido y deben ser impuestas de forma proporcional al daño causado por el condenado.

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¿Qué delitos pueden dar lugar a responsabilidad penal de una empresa?

El Código Penal Español establece que las empresas también pueden ser responsables penalmente por determinados delitos cometidos por sus representantes legales o empleados en el ejercicio de sus funciones. Esto se conoce como responsabilidad penal de la persona jurídica.

El artículo 31 bis del Código Penal establece que las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, siempre y cuando se haya producido un beneficio directo o indirecto para la empresa como consecuencia de la conducta delictiva.

Entre los delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal de una empresa se encuentran:

– Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: Las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos fiscales cometidos por sus representantes legales o empleados en el ejercicio de sus funciones, como la falsificación de documentos contables o la ocultación de ingresos.

– Delitos contra los derechos de los trabajadores: Las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos laborales cometidos por sus representantes legales o empleados en el ejercicio de sus funciones, como la discriminación laboral o el acoso laboral.

– Delitos contra el medio ambiente: Las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos ambientales cometidos por sus representantes legales o empleados en el ejercicio de sus funciones, como la emisión de sustancias contaminantes o la gestión inadecuada de residuos.

– Delitos contra la propiedad intelectual: Las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos de propiedad intelectual cometidos por sus representantes legales o empleados en el ejercicio de sus funciones, como la falsificación de marcas o la piratería informática.

– Delitos de corrupción: Las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos de corrupción cometidos por sus representantes legales o empleados en el ejercicio de sus funciones, como el soborno o la malversación de fondos públicos.

En caso de que una empresa sea condenada por alguno de estos delitos, el artículo 127 (Ter) del Código Penal establece que pueden imponerse diversas consecuencias accesorias, como la inhabilitación para contratar con el sector público o la disolución de la empresa. Estas consecuencias pueden tener un impacto significativo en la actividad empresarial y económica de la empresa, por lo que es fundamental que las empresas adopten medidas preventivas para evitar la comisión de delitos por parte de sus representantes legales o empleados.

¿Que se puede decomisar?

El Código Penal Español establece en su Título VI, específicamente en el Artículo 127 (Ter), las consecuencias accesorias que pueden derivarse de un delito. Una de estas consecuencias es el decomiso, que consiste en la privación de los bienes o instrumentos que hayan sido utilizados para cometer el delito o que sean producto del mismo.

El decomiso puede ser total o parcial, y se puede aplicar tanto a bienes muebles como inmuebles. Además, también pueden ser objeto de decomiso los beneficios económicos obtenidos a través del delito, como el dinero o las ganancias generadas por la actividad delictiva.

Entre los bienes que pueden ser decomisados se encuentran armas, drogas, vehículos, dinero en efectivo, joyas, propiedades, entre otros. Es importante destacar que el decomiso se aplica tanto a los bienes del autor del delito como a los de terceros que hayan participado en la actividad delictiva.

El objetivo del decomiso es privar al delincuente de los beneficios obtenidos a través del delito, así como de los recursos que le permitieron cometerlo. Además, el decomiso también puede servir como medida de prevención, ya que puede disuadir a otros delincuentes de cometer delitos similares al ver que sus bienes y recursos pueden ser confiscados por las autoridades.

En resumen, el decomiso es una consecuencia accesorias que puede derivarse de un delito en España, y se aplica a los bienes o instrumentos utilizados para cometer el delito o que son producto del mismo. Esta medida tiene como objetivo privar al delincuente de los beneficios obtenidos a través del delito, así como de los recursos que le permitieron cometerlo.

Artículo 127 código penal

El artículo 127 (ter) del Código Penal español forma parte del Título VI, que se refiere a las consecuencias accesorias de las penas impuestas por los delitos cometidos. Este artículo establece que, en caso de que el delito cometido tenga relación con una actividad empresarial o profesional, el juez o tribunal podrá imponer la suspensión temporal o definitiva de la actividad o profesión en cuestión.

Esta medida, que se considera una consecuencia accesoria de la pena, tiene como objetivo proteger a la sociedad de posibles daños que puedan derivarse de la actividad o profesión del condenado. Se trata de una medida preventiva que busca evitar que el condenado vuelva a cometer delitos similares en el futuro.

Es importante destacar que la suspensión de la actividad o profesión no se aplica de forma automática en todos los casos. El juez o tribunal debe valorar si existe riesgo de que el condenado vuelva a delinquir en el ámbito de su profesión o actividad empresarial. Además, debe considerar el impacto que la suspensión puede tener en la vida del condenado y de terceros afectados por su actividad.

En conclusión, el artículo 127 (ter) del Código Penal establece una consecuencia accesoria que puede ser impuesta en casos en los que se considere necesario suspender temporal o definitivamente una actividad empresarial o profesional. Esta medida tiene como objetivo prevenir futuros delitos y proteger a la sociedad de posibles daños derivados de la actividad del condenado.

En conclusión, el artículo 127 (Ter) del Código Penal español es de gran importancia en el ámbito jurídico y en la lucha contra la delincuencia. Esta ley establece una serie de consecuencias accesorias para aquellos condenados por delitos graves, como la privación de libertad condicional y la prohibición de acercarse a la víctima. Un ejemplo de aplicación de esta ley sería en casos de violencia de género, donde la prohibición de acercamiento se convierte en una medida vital para proteger a la víctima de futuras agresiones. Como expertos en derecho español, es esencial tener un conocimiento profundo de esta ley y su aplicación en la práctica para garantizar la justicia y el bienestar de la sociedad.