El cohecho es un delito que se comete cuando un funcionario público recibe una compensación a cambio de realizar o dejar de realizar un acto relacionado con su cargo. Este delito está tipificado en el Artículo 422 del Código Penal español, y es considerado un delito contra la Administración pública. En este artículo se analizará en detalle el delito de cohecho, sus elementos y las consecuencias jurídicas que conlleva tanto para el funcionario público como para la persona que ofrece la compensación. Además, se abordarán casos recientes de cohecho en España y la importancia de su persecución en la lucha contra la corrupción.
¿Qué dice el artículo 4.2.2 del Código Penal?
Artículo 4.2.2 del Código Penal Español: ¿Qué es el cohecho?
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El cohecho es un delito tipificado en el artículo 422 del Código Penal Español, que se incluye en el Título XIX: Delitos contra la Administración pública y en el Capítulo V: Del cohecho.
Este artículo establece que comete cohecho el funcionario público o autoridad que, recibiendo o solicitando para sí o para otro, dinero, regalos, servicios o cualquier otra ventaja o beneficio, acepte influencias o promesas para realizar un acto contrario a sus deberes o para no realizar uno que deba llevar a cabo.
El cohecho puede ser activo, cuando es el funcionario público quien solicita o recibe la ventaja o beneficio, o pasivo, cuando es el particular o tercero quien ofrece o da la ventaja o beneficio.
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La pena establecida para el cohecho es de prisión de uno a seis años, multa del tanto al triplo de la cantidad recibida o solicitada y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
Es importante destacar que el delito de cohecho no solo se aplica a los funcionarios públicos, sino también a los particulares o terceros que ofrezcan o den la ventaja o beneficio, ya que contribuyen a la corrupción y al debilitamiento de la Administración pública.
En resumen, el artículo 4.2.2 del Código Penal Español establece que el cohecho es un delito grave que atenta contra la honestidad y transparencia en la Administración pública, y que puede ser castigado con penas de prisión, multa e inhabilitación especial.
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¿Cuál es la pena por el delito de cohecho?
¿Cuál es la pena por el delito de cohecho?
El cohecho es un delito tipificado en el artículo 422 del Código Penal español. Este delito consiste en ofrecer, prometer o conceder un beneficio económico o de otra índole a un funcionario público para influir en su actuación en un asunto público o administrativo.
La pena por el delito de cohecho varía en función del valor del beneficio ofrecido o recibido y de la gravedad de la conducta. Así, si el beneficio tiene un valor inferior a 1.000 euros, la pena será de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses. Si el beneficio tiene un valor superior a 1.000 euros, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
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Si el cohecho se comete por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la pena se agravará y podrá llegar hasta los seis años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses.
Además de la pena de prisión y multa, el delito de cohecho también puede conllevar la inhabilitación para cargo público y la pérdida de la condición de funcionario público.
En definitiva, el delito de cohecho es un delito grave que atenta contra la integridad de la Administración pública y la confianza de los ciudadanos en ella. Por ello, es necesario que las autoridades judiciales actúen con contundencia para erradicar este tipo de conductas.
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¿Qué es el delito de cohecho?
¿Qué es el delito de cohecho según el Código Penal Español?
El delito de cohecho se encuentra tipificado en el Artículo 422 del Código Penal Español, dentro del Título XIX que hace referencia a los Delitos contra la Administración Pública. En este sentido, el Capítulo V se enfoca en el cohecho, que es una conducta delictiva que puede cometer cualquier persona que intente corromper a un funcionario público con el fin de obtener algún tipo de beneficio indebido.
El cohecho se define como el acto de ofrecer, prometer o entregar a un funcionario público, ya sea directa o indirectamente, cualquier tipo de regalo, favor o ventaja que pueda influir en su conducta. Es decir, se trata de una acción que busca sobornar al funcionario con el objetivo de lograr un beneficio propio o de terceros.
Este delito puede ser cometido tanto por el particular que ofrece el soborno, como por el funcionario que lo acepta. De hecho, la figura del cohecho es considerada un delito pluriofensivo, es decir, que protege varios bienes jurídicos como la integridad de la Administración Pública, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Las penas para el delito de cohecho varían según el grado de la conducta y la cantidad de beneficio obtenido. En este sentido, se establecen penas de prisión que pueden oscilar entre los seis meses y los seis años, así como multas económicas que pueden alcanzar los 24 meses de salario.
En conclusión, el delito de cohecho es una conducta delictiva que busca corromper a un funcionario público con el fin de obtener algún tipo de beneficio indebido. Esta acción está penada por el Código Penal Español y puede ser cometida tanto por el particular que ofrece el soborno, como por el funcionario que lo acepta.
¿Cuándo se configura el delito de cohecho pasivo propio?
¿Qué es el cohecho pasivo propio?
El cohecho pasivo propio es un delito que se configura cuando un funcionario público solicita o recibe un beneficio o ventaja para sí mismo a cambio de realizar o dejar de realizar una acción en el ejercicio de sus funciones. Este delito está contemplado en el artículo 422 del Código Penal Español, dentro del Título XIX: Delitos contra la Administración pública. Capítulo V: Del cohecho.
¿Cuándo se configura el delito de cohecho pasivo propio?
El delito de cohecho pasivo propio se configura cuando se cumplen los siguientes elementos:
1. Que la persona que comete el delito sea un funcionario público, es decir, una persona que desempeña un cargo público o trabaja para la Administración pública.
2. Que ese funcionario público solicite o reciba un beneficio o ventaja para sí mismo, ya sea en forma de dinero, regalos, servicios, favores, etc.
3. Que ese beneficio o ventaja se solicite o reciba a cambio de realizar o dejar de realizar una acción en el ejercicio de sus funciones.
4. Que esa acción tenga relación con el cargo o función que desempeña el funcionario público.
En resumen, el delito de cohecho pasivo propio se configura cuando un funcionario público solicita o recibe un beneficio personal a cambio de realizar o dejar de realizar una acción relacionada con su cargo o función. Este delito está penado con prisión de uno a seis años, multa del tanto al triplo del valor del beneficio obtenido y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
Esquema delitos cometidos por funcionarios públicos
Esquema delitos cometidos por funcionarios públicos en el Código Penal Español
El Código Penal Español establece una serie de delitos que pueden ser cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Estos delitos están recogidos en el Título XIX, Capítulo V del Código Penal, bajo el epígrafe «Del cohecho».
A continuación, se presenta un esquema de los delitos cometidos por funcionarios públicos en el Código Penal Español:
1. Cohecho activo: el funcionario público que solicita, recibe o acepta un beneficio económico o de cualquier otra índole a cambio de realizar u omitir un acto propio de su cargo.
2. Cohecho pasivo: el funcionario público que acepta, recibe o solicita un beneficio económico o de cualquier otra índole a cambio de realizar u omitir un acto propio de su cargo.
3. Tráfico de influencias: el funcionario público que utiliza su influencia o cargo para obtener un beneficio económico o de cualquier otra índole a favor de sí mismo o de un tercero.
4. Prevaricación: el funcionario público que dicta una resolución injusta a sabiendas de que va en contra del derecho y la justicia.
5. Malversación de caudales públicos: el funcionario público que utiliza los fondos públicos de manera indebida o se apropia de ellos para su propio beneficio.
6. Fraude en la contratación pública: el funcionario público que manipula el proceso de contratación pública para favorecer a determinadas empresas o personas.
Es importante destacar que estos delitos no sólo pueden ser cometidos por los funcionarios públicos, sino también por cualquier persona que participe o colabore en su comisión. Además, las penas por la comisión de estos delitos pueden variar según la gravedad de los mismos y pueden incluir la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, multas e incluso penas de prisión.
En resumen, el artículo 422 del Código Penal es una herramienta fundamental para combatir la corrupción y el cohecho en la administración pública en España. La ley establece sanciones severas para aquellos que ofrezcan o acepten sobornos, y ha sido aplicada en varios casos emblemáticos en los últimos años. Es importante destacar que el cohecho no solo es un delito grave, sino que también es una práctica que socava la confianza en las instituciones y en la democracia en general. Por lo tanto, es fundamental que se siga trabajando en su prevención y erradicación. En nuestra web experta en derecho español, estamos comprometidos a informar y asesorar a nuestros clientes sobre todas las cuestiones legales relacionadas con este tema.